La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Graciela López en el marco de la causa de amenazas y agresiones contra los entonces titular de la AGN, Leandro Despouy, y senador Gerardo Morales. Ahora deberá volver a la Cámara de Casación Penal, de allí al Tribunal Oral Federal de Jujuy quien deberá juzgarla por amenazas, proceso que había desestimado.
Los ministros de la Corte Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti desestimaron la queja «por considerar que no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal».
El ataque ocurrió el 16 de octubre de 2009, en el edificio del Consejo de Ciencias Económicas de la ciudad de San Salvador de Jujuy, durante una conferencia de prensa sobre el control de fondos públicos que tenía como disertantes al presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, el auditor general de la Nación, Alejandro Nieva, y a Morales, entonces senador por Jujuy.
En junio de 2017 la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso a la líder de la Tupac Amaru por el delito de daño agravado pero, además, revocó la declaración de la extinción de la acción penal por prescripción en el delito de amenazas simples y dispuso su reemplazo por un tipo penal más grave, como el de amenazas coactivas.
El fiscal de Casación Javier De Luca apeló dos semanas después la condena presentando un recurso de apelación contra el fallo que confirmó y agravó la condena a Sala, presa en Jujuy, al considerar que contiene argumentos que permiten «descalificar como acto jurisdiccional válido la resolución»; pero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en una sentencia firmada por los Hornos y Borinsky, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio Público Fiscal y las defensas de Sala y López contra el fallo.
A comienzos de noviembre, el procurador general interino, Eduardo Casal, desistió del recurso de apelación que había planteado De Luca en favor de la detenida líder de la organización social Tupac Amaru, Milagro Sala.