El conflicto salarial que protagoniza un sector de la Policía de Jujuy dejó en evidencia en las últimas horas que no se trata de un reclamo homogéneo dentro de la fuerza. Mientras el gobierno provincial mantiene abiertas las negociaciones, distintos voceros policiales expusieron públicamente posiciones contradictorias que revelan una interna marcada dentro de la institución y la existencia de intereses diversos en juego.
Desde hace varios días un grupo de efectivos se concentra en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales. El gobierno provincial abrió una mesa de diálogo con representantes de los manifestantes, en un intento por desactivar la protesta y encauzar el reclamo.
Sin embargo, las últimas horas dejaron al descubierto que no todos los sectores dentro de la policía comparten la misma estrategia ni los mismos objetivos.
Voces contrapuestas dentro del reclamo
La diferencia quedó expuesta entre ayer y hoy. Uno de los voceros del grupo que se manifiesta en la plaza advirtió que si el gobierno no presenta por escrito una propuesta salarial, los efectivos no se retirarán del lugar e incluso podrían iniciar un acampe frente a la Casa de Gobierno.
Pero casi en simultáneo, otro grupo de policías —también representado por voceros— aseguró que las negociaciones continúan, que el diálogo seguirá la semana próxima y que, en su caso, estarían dispuestos a retirarse de la plaza mientras continúan las conversaciones.
La divergencia es clara:
- Un sector presiona con endurecer la protesta.
- Otro apuesta a sostener la negociación abierta.
Este contraste expone que la protesta no responde a una conducción única y que dentro de la fuerza conviven diferentes estrategias, liderazgos y agendas.
Reclamo salarial y clima político
El reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales aparece como el punto de coincidencia entre los distintos grupos. Sin embargo, en el análisis político del conflicto también surge otra lectura: hay sectores que parecen buscar algo más que una recomposición salarial.
Dentro del oficialismo provincial se interpreta que algunos actores pretenden instalar un clima de tensión política en la provincia, aprovechando el conflicto policial. En ese marco, se menciona la presencia de influencias que pueden leerse tanto desde la izquierda como desde la derecha del escenario político jujeño, interesadas en capitalizar el malestar.
Ese componente político ayuda a explicar las diferencias de postura entre los propios manifestantes y el modo en que algunos sectores endurecen el discurso mientras otros mantienen el canal de diálogo.
El rol del gobierno
El gobernador Carlos Sadir sigue la situación desde Estados Unidos, donde tiene previsto exponer este jueves en busca de inversiones para la provincia. Desde allí monitorea la crisis y toma decisiones que luego son transmitidas por el vicegobernador Alberto Bernis y los ministros que participan de las negociaciones.
La estrategia oficial ha sido hablar con todos los sectores que dicen representar a los manifestantes, intentando evitar que la interna dentro de la fuerza escale y complique aún más la resolución del conflicto.
Un escenario distinto al de 2013
Aunque el reclamo genera preocupación, desde el gobierno destacan que la situación está lejos del escenario vivido durante el histórico acuartelamiento policial de 2013, cuando el levantamiento fue masivo y derivó en episodios de violencia y saqueos.
En esta ocasión, la Infantería mantuvo la custodia de la Casa de Gobierno y la mayor parte de la policía permanece en sus puestos de trabajo, lo que indica que no existe un desacato generalizado dentro de la fuerza.
Ese dato es considerado clave para evitar una escalada mayor del conflicto.
El desgaste en la conducción de Seguridad
La crisis también volvió a poner bajo la lupa la conducción del área de seguridad provincial. En distintos ámbitos políticos se da por hecho que el ciclo del secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, está terminado.
Pulleiro nunca logró construir una relación fluida con la tropa policial y su origen salteño fue, para muchos efectivos, un elemento que profundizó la distancia con la conducción política de la fuerza.
Aunque pueda parecer un detalle menor, ese factor aparece reiteradamente en los reclamos internos de los policías, que cuestionan la falta de una conducción cercana a la realidad cotidiana de la institución.
El debate que deja la crisis
Más allá de cómo se resuelva la negociación salarial, el conflicto volvió a instalar un debate de fondo: la necesidad de una conducción política fuerte del área de seguridad.
En el escenario que describen distintos actores del sistema político jujeño, la provincia necesitaría un ministro de Seguridad con peso político, capaz de conducir la política de seguridad, dialogar con la tropa y comprender las particularidades de las fuerzas.
Mientras las negociaciones continúan y los distintos sectores policiales muestran sus diferencias, el conflicto deja al descubierto que la discusión no es sólo salarial, sino también institucional y política sobre cómo se conduce la seguridad en Jujuy.