El Gobierno nacional avanzó con el envío de una primera tanda de pliegos al Senado para cubrir cargos vacantes en la Justicia federal, pero la inclusión de nombres con fuertes vínculos familiares dentro del propio Poder Judicial reavivó cuestionamientos sobre posibles favoritismos y la lógica de la llamada “familia judicial”.
La Casa Rosada, bajo la gestión de Javier Milei, remitió un paquete inicial de alrededor de 45 postulaciones para jueces, fiscales y defensores oficiales, en el marco de un proceso que busca cubrir más de 300 vacantes acumuladas en distintos fueros del país.
Entre los nombres propuestos sobresale el de Emilio Rosatti, candidato a integrar el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Se trata del hijo de Horacio Rosatti, quien además encabeza el Consejo de la Magistratura, organismo clave en la selección de ternas para cargos judiciales.
Aunque desde el entorno del máximo tribunal señalaron que Rosatti padre no intervino en la votación de la terna, la designación volvió a poner bajo la lupa la influencia de vínculos familiares en el sistema judicial.
Pero no es el único caso. Dentro del mismo paquete también aparecen otros nombres ligados al entramado judicial, como el de funcionarios cercanos a juzgados federales e incluso familiares directos de magistrados en funciones. Entre ellos, se anticipó la inclusión de Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo causas sensibles como la investigación por la criptomoneda $LIBRA.
La lista también incorpora perfiles con recorrido en tribunales federales y vínculos con figuras de peso en Comodoro Py, en una señal que distintos sectores interpretan como un guiño político hacia actores consolidados dentro del sistema judicial.
El envío de estos pliegos marca el inicio de un proceso que deberá atravesar la Comisión de Acuerdos del Senado antes de su eventual aprobación. Sin embargo, el eje del debate ya se instaló: la tensión entre la necesidad de cubrir vacantes y las sospechas sobre un esquema de designaciones donde los lazos familiares y corporativos parecen tener un peso determinante.
En ese contexto, la discusión sobre la independencia judicial vuelve a escena, con una pregunta de fondo que sobrevuela el proceso: si los nombramientos responden a criterios de idoneidad o si, una vez más, la lógica de la “familia judicial” se impone en los pasillos del poder.