El convenio incluye 21,33% en julio y 3,33% en octubre, $50.000 millones para hospitales universitarios y 50% de aumento en becas Manuel Belgrano, aunque las universidades no retiran la litis por la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. Pese al acuerdo, las entidades educativas mantendrán la demanda ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma votada en el Congreso que continúa sin aplicarse.
El acta establece una recomposición salarial de 24,33% en dos tramos: 21,33% en junio y 3,33% en octubre. La recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto compensa la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. El acuerdo también incluye un compromiso oficial de evitar que los salarios universitarios continúen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación durante 2026.
Más allá de la suba salarial, el convenio incorpora $50.000 millones para hospitales universitarios, monto no contemplado en el presupuesto 2026 que se suma a los $80.000 millones previstos. También se prevé un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las casas de estudio y del 50% para las becas Manuel Belgrano, aunque no se incluyó actualización para la beca Progresar.
El Consejo Interuniversitario Nacional definirá los próximos pasos del conflicto y las paritarias volverán a tratarse con el Ministerio de Capital Humano y los gremios . El rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro, afirmó que «las paritarias se van a realizar a partir de ahora, como tiene que ser», entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones sindicales .
Los rectores hicieron saber que no retirarán la demanda judicial sobre la causa que analiza la Corte Suprema por los fondos universitarios. La medida cautelar favorable a las universidades fue ratificada en dos oportunidades, aunque permanece suspendida por un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, que no tiene plazo establecido para pronunciarse.
El Gobierno considera que la ley sancionada por el Congreso es «ilegal» porque no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por ese motivo, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes.
Desde Conadu manifestaron desconfianza: «Por ahora es todo informal. Tenemos que ser muy cuidadosos porque el Gobierno es un interlocutor muy escurridizo. El gobierno tiene que convocar a paritaria, cosa que no hace hace años». El deterioro salarial provocó que alrededor de 10.000 docentes dejaron de dar clases por los bajos ingresos .