Javier Milei usó la cadena nacional para lanzar el paquete de reformas económicas e institucionales que considera el núcleo de su proyecto de gobierno: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la creación de un “grillete fiscal” que puede llevar al cierre parcial del Estado y un decreto migratorio que habilita la expulsión de extranjeros que “agravien” a la Argentina. Con estos anuncios, el Presidente busca recuperar la agenda política con la mirada puesta en las elecciones de 2027 y reforzar su batalla contra la “alta política”, el kirchnerismo y el déficit fiscal.
La reforma del Banco Central
En cadena nacional, Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al que acusó de haber sido “una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”. Según el Presidente, la emisión monetaria para financiar el déficit y distintas decisiones políticas convirtió al BCRA en el instrumento central de una “estafa” contra los argentinos.
Para reforzar su argumentación, Milei exhibió dos cifras impactantes: dijo que la inflación acumulada desde la creación del BCRA en 1935 asciende a 12.819.532.788.614.400.000%, y que desde la salida de la convertibilidad a comienzos de los 2000 la inflación acumulada llegó al 168.580%. Con esos números, sostuvo que el llamado “impuesto inflacionario” permitió aumentar la recaudación sin pasar por el Congreso y castigó especialmente las decisiones de los gobiernos kirchneristas, como el uso de reservas del Banco Central para el Fondo del Bicentenario.
Cinco pilares de la nueva Carta Orgánica
El proyecto que Milei anunció en cadena nacional se articula en cinco puntos centrales:
Mandato único: el BCRA volvería a tener como misión exclusiva “preservar el valor de la moneda”, eliminando los objetivos adicionales incorporados en 2012 como la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social.
Prohibición de financiar al Estado: se impediría que el Banco Central otorgue adelantos transitorios o compre títulos públicos en el mercado primario para el Tesoro nacional, las provincias o los municipios.
Blindaje institucional: la remoción del presidente y del directorio del BCRA requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, con el objetivo de fortalecer la independencia frente al poder político.
Restricción al giro de utilidades: los resultados por tenencia y las diferencias de valuación de activos se imputarían a reservas técnicas no distribuibles; las utilidades solo se podrían girar al Tesoro para cancelar deuda.
Eliminación de letras intransferibles y cambios de 2012: se suprimiría el mecanismo que permitió al Tesoro usar reservas del BCRA mediante títulos no negociables entregados desde 2006, especialmente bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
En su discurso, Milei vinculó esta reforma con la necesidad de “cortar el vínculo perverso” entre déficit fiscal, emisión y pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y la presentó como la base institucional para profundizar su programa de estabilización.
El “grillete fiscal”: un cierre automático del Estado
El segundo eje de la cadena nacional fue el anuncio del llamado “grillete fiscal”, una regla permanente que busca impedir que la Argentina apruebe o mantenga presupuestos deficitarios. La iniciativa apunta a que el equilibrio fiscal no dependa de la voluntad de cada gobierno, sino de un mecanismo automático con sanciones severas si se incumple.
Según explicó Milei, si durante varios meses consecutivos el resultado fiscal es negativo, el Congreso contará con un plazo limitado para corregir las cuentas. Si no lo hace, se activará un “shutdown” o cierre parcial del Estado, inspirado en los cierres de la administración federal que se producen en Estados Unidos cuando no se aprueban las leyes de financiamiento.
Ese cierre implicaría la paralización de todas las actividades consideradas no esenciales: no se ejecutarían nuevos gastos, no se adjudicarían contratos, no se tomaría personal y se suspenderían las transferencias discrecionales a las provincias. Mientras dure el shutdown, el presidente, la vicepresidenta, los legisladores nacionales, los ministros, secretarios y subsecretarios perderían su sueldo, que quedaría anulado hasta que se recupere el equilibrio fiscal.
El proyecto prevé excepciones para prestaciones sociales y servicios básicos: quedarían fuera del cierre las jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la atención sanitaria, la seguridad, la defensa, el servicio penitenciario y otras funciones esenciales. Además, la ley invitará a las provincias a adherir al mismo esquema para sus propios presupuestos.
Mercado de capitales y seguros: más desregulación
Milei aprovechó la cadena para anticipar una reforma “profunda” del mercado de capitales y del sistema de seguros, en línea con su agenda de desregulación. Según dijo, la meta es “correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir”, eliminando trabas que, en su visión, frenan la inversión y el crédito.
En materia de mercado de capitales, el proyecto contempla cambios en varias leyes para facilitar la emisión de bonos corporativos en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida, y flexibilizar el financiamiento colectivo, que hoy —según el Presidente— se encuentra obstaculizado por regulaciones innecesarias.
Respecto del mercado de seguros, Milei planteó un modelo de libertad total en el diseño de productos por parte de las compañías, sin necesidad de autorización previa del regulador. El rol del organismo de control se concentraría en verificar la solvencia de las empresas y proteger a los asegurados frente a posibles fraudes, dejando al mercado mayor margen para innovar.
El DNU para expulsar extranjeros
La cadena nacional se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para “recuperar la agenda disruptiva” y reforzar la batalla cultural. En ese contexto, Milei lanzó un Decreto de Necesidad y Urgencia que endurece el régimen migratorio y habilita la expulsión de extranjeros que “agravien” a la Argentina, medida que fue explicada y defendida en la comunicación oficial alrededor del discurso.
El DNU modifica la Ley de Migraciones para agregar como causales de inadmisión y expulsión los casos de ciudadanos extranjeros que promuevan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por nacionalidad, así como actos de ultraje a los símbolos patrios. También contempla la prohibición de ingreso para quienes hayan realizado ese tipo de conductas desde el exterior.
Según reconstruyó el medio Infobae, el decreto se gestó en menos de una semana, con fuerte influencia del equipo de comunicación que dirige Santiago Caputo, y se inspiró en un proyecto que proponía arancelar la universidad y la salud pública para extranjeros no residentes en la provincia de Buenos Aires. La Oficina del Presidente justificó la medida en “episodios recientes de tensión por declaraciones que agravian al pueblo argentino”, en medio de una disputa diplomática con Brasil.
Especialistas en derecho constitucional y migratorio consultados por ese medio advirtieron que la noción de “mensajes de odio” es amplia y que la medida deberá superar el test de constitucionalidad en el Congreso y en la Justicia, por lo que su impacto podría ser más simbólico que práctico.
Estrategia política rumbo a 2027
Los anuncios de Milei en cadena nacional combinan tres dimensiones: institucional (reforma del BCRA y blindaje del INDEC y las estadísticas oficiales), fiscal (grillete y posible cierre del Estado) y cultural (DNU migratorio y defensa de los símbolos nacionales). En conjunto, apuntan a reinstalar la narrativa del Presidente sobre la “alta política” como responsable de la inflación y el déficit, y a mostrar que su gobierno sigue dispuesto a avanzar en reformas estructurales pese a las resistencias.
De cara a las elecciones de 2027, el oficialismo busca recuperar la iniciativa luego de meses en los que la agenda estuvo marcada por la conflictividad social, el ajuste del gasto y la discusión sobre salarios e ingresos. La cadena nacional funciona así como un mensaje doble: hacia dentro, para ordenar a la tropa libertaria alrededor de un nuevo paquete de proyectos; hacia afuera, para exhibir un liderazgo que se asume dispuesto a pagar costos políticos en pos del equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria.
Fuente: infobae.com