«No comparto que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) otorgue el privilegio de prisión domiciliaria a corruptos aunque sus cautelares son obligatorias». Con este tuit, anoche, el gobernador jujeño Gerardo Morales pareció anticipar que, finalmente, la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida desde enero del año pasado, estaría próxima a abandonar la prisión.
A 48 horas del fallo del organismo de Naciones Unidas que recomendaba la liberación de la dirigente social kirchnerista y un día antes de que los jueces provinciales, los que decidirán el futuro de Sala, retomen sus actividades el mandatario de Cambiemos continuó: «Redoblo mi lucha por la paz, contra la corrupción y la violencia. Necesitamos más jueces con coraje que hagan cumplir la Ley sin dilaciones».
LA CIDH había solicitado el viernes «medidas alternativas a la detención preventiva», tales como el arresto domiciliario o bien que «pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica».
La primera reacción del gobierno jujeño había sido a través del propio Morales, al difundir un comunicado oficial, en el que se afirmaba que en la resolución «se solicita al Estado Argentino que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala, sin hacer lugar al pedido de liberación efectuado por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y Andhes».
Además, el mandatario provincial había posteado el link de una nota de su autoría publicada en el diario Clarín en enero pasado en la que sostenía: «Milagro Sala se robó todo, muchachos».
Más allá del tuit, poco antes de que se termine la feria judicial, desde la gobernación de Jujuy remarcaron que Morales «siempre dijo que las cautelares deben cumplirse» aunque dejaron supeditado el futuro de la dirigente a la resolución que tomen los jueces jujeños cuando retomen sus actividades tras la feria judicial.
Por su parte, Elizabeth Gómez Alcorta, la abogada defensora de la dirigente, afirmó que la sentencia de la Corte Interamericana «no deja margen» al Gobierno para no «cumplirla».
«El gobierno no tiene margen para que no cumpla la sentencia de la CIDH. La resolución le recuerda al Estado que debe cumplir y para aguardar los derechos de Milagro debe el Estado debe adoptar medidas que sean alternativas a la prisión preventiva», subrayó la letrada en declaraciones a radio 10.
En este sentido, Gómez Alcorta destacó como una «buena noticia» la resolución del organismo internacional, previa a una re solución de la Corte Suprema que se espera.