La semana pasada, tras un proyecto presentado por el concejal de la Izquierda Julio Mamaní en el Concejo Deliberante de Palpalá, se aprobó una ordenanza que inhabilitaba por dos años el despido de cualquier empleado “público o privado” sin justa causa, sea cual fuere su situación: plan, programa, contratado o planta permanente; dicha ordenanza fue vetada casi de manera inmediata por el intendente Pablo Palomares. En un evidente desconocimiento de las normas jurídicas, la Izquierda presentó el mismo proyecto en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy.
El conflicto se da por desconocer la Ley de Contrato de Trabajo, una ley nacional, que no puede ser modificada por una ley municipal (Ordenanza). Asimismo, las explicaciones brindadas por los concejales que votaron a favor fueron aún más endebles, señalando “es más un anhelo que una preocupación; la votamos como apoyo solidario al concejal Mamaní”
Palomares, tras el veto sostuvo que “con gran preocupación, tomo conocimiento de esta ordenanza, la cual es anticonstitucional, atenta contra la leyes del trabajo, y le atribuye al Municipio facultades que no posee”. “El ejecutivo no puede intimar al sector privado, a que no se despida o multe a un trabajador, no se encuentra en nuestras facultades. Tampoco puede determinar su funcionamiento y accionar”.
Palomares solicitó a los concejales que “sean más responsables y conozcan en mayor profundidad la carta orgánica, las facultades que tenemos y las que no”.
En el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, los concejales del Frente de Izquierda, presentaron el mismo proyecto anticonstitucional, con las firmas de los concejales Guillermo Alemán y Andrea Gutiérrez.