En un giro inesperado y que desató críticas al interior del propio oficialismo, el Gobierno nacional decidió retirar de forma abrupta el proyecto de ley penal juvenil que había enviado al Congreso esta semana y volver a remitir una versión revisada. Esta iniciativa busca modificar la edad a la cual un menor puede ser imputado penalmente por delitos graves, un tema que se ha vuelto un foco central de la agenda de seguridad.
La decisión se produjo después de que se detectara un desfase entre lo planteado en el texto enviado por el Ejecutivo y los acuerdos previos alcanzados con bloques aliados del Congreso. El proyecto original fijaba la edad de imputabilidad incluso en 13 años, muy por debajo de los 16 años que estipula el régimen actual y también por debajo del consenso político que venía barajándose en torno a 14 años.
Según fuentes del propio oficialismo, la iniciativa fue retirada apenas un día después de su presentación formal ante la Cámara de Diputados, luego de constatar que el límite etario establecido no coincidía con lo pactado con las bancadas que el Gobierno esperaba que lo acompañaran en el debate. El argumento oficial fue que existió “una desinteligencia” en el texto remitido, lo que obligó a dar marcha atrás y corregir el rumbo.
¿Qué propone la nueva versión?
La reforma al régimen penal juvenil, que ahora volverá a ser redactada, mantiene como eje central la baja de la edad de responsabilidad penal, con la intención de establecer un piso de 14 años en lugar de 16, como ocurre hoy. Esta modificación implica adaptar el sistema legal para que, en casos de delitos graves —como homicidios, robos con violencia o abusos sexuales—, los adolescentes puedan enfrentar un proceso penal con sanciones acordes.
Además, el proyecto incluye la previsión de un financiamiento específico para su implementación, un punto que había sido duramente cuestionado en versiones anteriores por no detallar el origen de los recursos necesarios para poner en marcha un régimen con instituciones especializadas.
Debate y controversias
La iniciativa generó opiniones encontradas incluso entre actores judiciales y especialistas en derechos de la infancia. Algunos jueces y asociaciones legales han difundido críticas señalando que bajar la edad de imputabilidad no garantiza mejoras reales en la seguridad pública y podría convertirse en un mero efecto de “puesta en escena” sin un impacto positivo claro en la prevención del delito.
Por otro lado, sectores del oficialismo y de la oposición que comparten la discusión sobre seguridad sostienen que la reforma es necesaria para enfrentar problemáticas actuales en materia de criminalidad juvenil, aunque persisten diferencias sobre cómo equilibrar justicia y garantías de derechos para los menores.
El nuevo texto de la ley penal juvenil volverá a pasar por comisiones en Diputados antes de ser debatido nuevamente en el recinto, en un proceso que se proyecta complejo y con fuerte presión política en los próximos días.