Jujuy firmó el Acuerdo Federal Minero

Jujuy se incorporó al «Nuevo Acuerdo Federal Minero” impulsado por la Nación, con el propósito de potenciar el desarrollo de esta actividad económica y atraer nuevas inversiones, respetando principios de preservación ambiental.

Tras rubricar el flamante pacto minero y en línea con los postulados de «Jujuy Verde”, Gerardo Morales se pronunció a favor de una minería responsable con el ambiente y las personas.

Morales marcó coincidencias con el pensamiento explicitado por el presidente Mauricio Macri, quien ponderó los progresos logrados en la construcción federal, resguardando las economías regionales con medidas estructurales y superadoras. En este sentido, el jefe de Estado mencionó los significativos avances en materia de educación a partir del pacto de Purmamarca y en desarrollo energético que tiene a Jujuy como actor central.

El acuerdo, oportunamente enriquecido por el Consejo Federal Minero y aprobado por el Consejo Federal de Medio Ambiente, prevé la implementación de una batería de medidas que favorecerán el crecimiento económico con perfil integrador, esto es con derrame de beneficios sobre las comunidades locales y habilitando canales de efectiva participación ciudadana.

En el plano empresario, se instrumentarán políticas públicas activas para propiciar oportunidades en favor de empresas nacionales, con la consecuente generación de trabajo genuino. Asimismo, se contemplan pautas para que las empresas mineras destinen mayores fondos al cuidado del medio ambiente y al desarrollo de infraestructura.

Este instrumento será puesto a consideración del Congreso de la Nación y, con posterioridad, se avanzará en la actualización de la normativa vigente para adecuarla a las prácticas industriales de países que mayor desarrollo experimentan en los campos económico y ambiental.

Es oportuno consignar, que frente a un eventual cuadro de tres faltas graves por incumplimiento a disposiciones ambientales, el yacimiento será cerrado, mientras que la empresa a cargo de la explotación perderá el derecho a la propiedad de la mina.

Por otra parte, se realizará un catastro minero y también se elaborará un Digesto que aglutine todas las normativas de Nación y las provincias, para lo cual se constituirá un órgano específico.

En cuanto a regalías, se fijó un tope del 3 por ciento sobre el valor bruto del mineral en boca de mina. A ello se sumará un 1,5 por ciento adicional para la confirmación de un fondo de infraestructura provincial, que será destinado a la ejecución de obras de monitoreo ambiental y aguas.

Respecto de las concesiones, durarán en la medida que se disponga de material y se conservarán las condiciones fiscales por períodos de 30 años, de acuerdo a disposiciones contenidas en la Ley de Inversiones Mineras.

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