A un año de la detención de Milagro Sala, la situación judicial de la dirigente piquetera se complicó a raíz de las múltiples denuncias que recibió por parte de sus ex compañeros cooperativistas de la organización Tupac Amaru y las investigaciones desarrolladas tanto por la justicia local como por la Oficina Anticorrupción de Jujuy y la propia AFIP.
Milagro Sala, el 16 de enero de 2016 era detenida por las fuerzas de seguridad de la provincia. La dirigente encabezaba un acampe en la plaza principal de la ciudad, cortando la circulación de las principales calles de San Salvador de Jujuy, desde el 14 de diciembre de 2015.
En aquella oportunidad fue convocada dos veces por el juez de control, concurrió la primera vez y se comprometió a cesar en la instigación de la toma de la plaza y las calles, pero volvió a la plaza y en asamblea redobló la apuesta. La segunda vez, alegó estar enferma, mostrando en las redes sociales una foto recostada en un colchón dentro de una carpa utilizada para el llamado acampe, con un suero en el brazo. Presentó un certificado médico que a la postre fue denunciado como apócrifo por parte de los peritos judiciales de la provincia.
Finalmente, fue detenida el 16 de enero. Antes de su detención, fue sintiendo el abandono de colaboradores muy cercanos que decidieron aceptar las condiciones de negociación que les imponía la nueva administración a cargo de Gerardo Morales. Estos mismos ex compañeros de organización, fueron los que denunciaron ante la justicia la presunta ruta del dinero que a posteriori le costó a Sala una de las principales acusaciones como presunta jefa de una asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión. Causa que ya tiene pedido de elevación a juicio juntamente con la llamada «Pibes Villeros”, que tomó notoriedad por los bolsos de dinero que tres personas de íntima confianza de Sala sacaban del Banco Nación y cargaban en vehículos que según las denuncias, habrían tenido como destino el domicilio particular de la dirigente kirchnerista.
La detención de Sala no sólo llamó la atención de la sociedad jujeña que presumía que la justicia no se animaría a detener a la piquetera, sino también al Servicio Penitenciario de la Provincia, ya que debía albergar, custodiar y hacer cumplir las normas a quien había tenido prácticamente la suma de un poder paralelo, también de policía, en la provincia.
Milagro Sala fue alojada en la cuarto N° 3, del sector N° 3 junto a 3 internas más. Su lugar de detención y pernocte como interna era antiguamente un salón para actividades recreativas como tejido y costura, fue luego acondicionado como lugar de detención y allí justamente alojaron a Sala. Miércoles, sábados y domingos recibe visitas numerosas durante las cuatro horas que permite la normativa. El número de visitas osciló según la época entre las 18 y 23 personas, en la mayoría de los casos se trata de su círculo íntimo y dirigentes kirchneristas. Se le otorgó un permiso para que la visitara periódicamente su médico de cabecera y tuvo asistencia psicológica casi inmediata desde el momento de su detención.
Pero los días de Sala en el penal fueron variando como su estado de ánimo. En el mes de junio denunció que vivía en malas condiciones, lo que produjo una serie de denuncias que llevaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia observar la situación de la detenida. Posterior a dicha visita, se conocieron fotografías y videos donde se podía observar que contaba con agua caliente, un televisor Led de 32 pulgadas, calefacción y víveres, además de ropa abundante que le llevaban sus allegados y familiares.
Sala pasó por un período de «rebeldía” así tipificado por el juez Pablo Pullen Llermanos, quien públicamente dijo que estaba cansado que Sala se negara a concurrir al juzgado para realizar trámites inherentes a las causas que se le seguían en su contra, intimando a la piquetera a deponer su actitud. Sala, a regañadientes, debió olvidar su «rebeldía” de aquellos tiempos.
Pero su incesante necesidad de mantener contacto con prensa nacional, la llevó a conversar telefónicamente con un grupo de militantes kirchneristas por alta voz, lo que le valió un sumario e imputación penal a 12 agentes del servicio penitenciario, ya que la comunicación se había realizado desde un teléfono celular. En esos días también amenazó con quitarse la vida. Desde ese incidente, las autoridades del Penal debieron tomar los recaudos necesarios para que Sala no infringiera las normas preestablecidas para quienes permanecen detenidos, según lo dicta la ley.
A lo largo de su estadía en el Penal, Sala recibió la visita del Intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Carlos Moisés, Amado Boudou, Fernando Esteche, Fernando Vaca Narvaja, Guillermo Moreno, Estela de Carlotto, Horacio Pietragalla, André Larroque, Alberto Rodríguez Saá y Alberto Fernández, entre otros dirigentes del ala dura kirchnerista. El abogado de la Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, hizo un viaje a Jujuy pero no pudo ver a Milagro Sala porque no había pedido la autorización judicial correspondiente.
El domingo último, previo a cumplir su primer año de detención, había una lista autorizada de más de 10 personas que incluía a Bruno Arias, folklorista jujeño.
Situación judicial: a las 8 causas, Sala sumó una denuncia de la AFIP por evasión de 177 millones
Milagro Sala fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por instigación a cometer delito por el violento escrache contra el entonces senador Gerardo Morales, permanece aún con prisión preventiva en tres causas donde se la investiga como presunta jefa de una asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión en la causa iniciada por denuncia de 9 ex cooperativistas y los bolsos con dinero retirado del Banco Nación; homicidio en grado de tentativa con promesa de pago; y lesiones graves.
Además sigue investigada por la llamada «megacausa”, por el faltante de 1850 viviendas por las que recibió más de 700 millones de pesos y 500 viviendas no concluidas. En dicha causa también está imputado el ex gobernador Eduardo Alfredo Fellner, el ex ministro de Tierra y Vivienda Luis Cosentini, José Lópéz ex Secretario de Obras del gobierno kirchnerista.
Por otro lado, el Superior Tribunal de Justicia deberá decidir sobre una incidencia presentada por la defensa de Milagro Sala, para que luego sea elevada a juicio la causa en la que Sala está imputada como presunta autora del delito de amenaza con poner una bomba a la comisaría de Alto Comedero. Además está pendiente de juicio por tumulto e instigación a cometer delito.
También está siendo investigada por supuesto fraude a la administración pública por el destino de dos millones de pesos en concepto de subsidios que debían ser destinados a mejoras habitacionales.
Y finalmente ahora pesa sobre la dirigente kirchnerista una denuncia realizada por la AFIP que, inició una investigación a la organización liderada por Milagro Sala concluyendo que no se aplicaron $507 millones a la ejecución de las obras financiadas por el Programa Federal de Integración Sociocomunitaria del gobierno nacional, durante 2013, 2014 y 2015.
Consecuentemente, el órgano fiscalizador determinó que se trata de «utilidades gravadas”, habiéndose omitido el pago del Impuesto a las Ganancias sobre ese monto. Verificando, una evasión fiscal por el orden de los 177 millones de pesos.