El Senado de la Nación recibió recientemente un proyecto de ley presentado por el senador salteño Juan Carlos Romero, aliado del Gobierno, que propone ampliar la Corte Suprema de Justicia de cinco a siete integrantes. La iniciativa busca mejorar la eficiencia del máximo tribunal, que actualmente funciona con solo tres jueces debido a vacantes, y promover una mayor representación federal y de género, limitando a cinco el número de jueces del mismo sexo. Según Romero, esta ampliación permitiría acelerar las resoluciones judiciales y otorgar más legitimidad al tribunal.
Sin embargo, desde la Casa Rosada descartaron que esta propuesta sea una iniciativa oficial. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que el proyecto no fue impulsado por el Gobierno y que se debe consultar directamente al senador Romero sobre su origen. En este sentido, el Gobierno se despegó públicamente de la idea de ampliar la Corte Suprema y afirmó que no está en su agenda modificar la composición del tribunal.
El contexto político de esta propuesta se da luego de la caída en el Senado de la ley de «ficha limpia», que buscaba impedir candidaturas a condenados por corrupción, y que generó tensiones en la alianza oficialista. La ampliación de la Corte ha sido un tema que se especuló como posible moneda de cambio entre el Gobierno y el peronismo para lograr acuerdos en la designación de jueces, pero hasta ahora no se concretó ningún consenso. Además, otra iniciativa más ambiciosa, presentada por la diputada libertaria Marcela Pagano, propone ampliar la Corte a 21 miembros y crear salas especializadas, aunque tampoco cuenta con respaldo oficial.
En su comunicado, Manuel Adorni enfatizó que la propuesta de ampliar la Corte Suprema «no es un proyecto impulsado por nosotros» y que corresponde al senador Romero, quien integra un bloque que suele acompañar al Gobierno en sus proyectos, pero actúa con autonomía en esta iniciativa. Así, el Ejecutivo busca marcar distancia para evitar vincularse directamente con una reforma judicial que podría generar controversias políticas y judiciales en un momento de alta sensibilidad institucional.