El Senado de la Nación convirtió en ley el financiamiento universitario para 2025 con una amplia mayoría: 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. Esta norma garantiza la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio argentino. Según la ley, el Poder Ejecutivo deberá actualizar trimestralmente los presupuestos de las universidades nacionales, ajustándose a la inflación informada por el INDEC para que los fondos asignados cubran adecuadamente los gastos de funcionamiento y salarios docentes y no docentes.
El contexto de esta sanción es un sistema universitario en crisis, donde el presupuesto previo representaba apenas la mitad de lo necesario para el funcionamiento adecuado de las instituciones. En 2025, las universidades reclaman un presupuesto superior a los 7 billones de pesos, frente a una propuesta oficial inicial de 3,8 billones. Además, el conflicto salarial ha profundizado la tensión, con docentes y trabajadores con salarios deteriorados en términos reales, situación que la ley busca remediar con recomposiciones salariales ajustadas al índice de inflación.
La ley no solo contempla la recomposición salarial, sino que también impulsa un incremento gradual en la inversión destinada a diversas áreas estratégicas, como la ampliación de la oferta educativa, la infraestructura, la investigación, y programas de bienestar estudiantil. El objetivo es fortalecer la universidad pública, asegurando condiciones laborales justas y fomentando un desarrollo educativo que responda a las necesidades del país y promueva la inclusión.
Este avance legislativo se da en un momento de tensiones políticas y económicas, con un Ejecutivo que anunció el veto a iniciativas que puedan afectar el equilibrio fiscal. Sin embargo, la aprobación en el Senado refleja un compromiso del Congreso con la educación pública universitaria, en un escenario donde la comunidad educativa busca frenar el deterioro de un sistema que es fundamental para el desarrollo del país y el acceso gratuito a la educación superior.