Más de 60 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación “por el Decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública”. A través de un comunicado conjunto, las organizaciones solicitaron que el gobierno nacional deje sin efecto el decreto reglamentario, que fue publicado el 2 de septiembre en el Boletín Oficial, y garantice el pleno acceso a la información que se encuentra en manos del Estado.
“El Decreto 780/24 implica una seria regresión en materia de interpretación del derecho de acceso a la información a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y lucha contra la corrupción y genera un marco normativo discrecional por el cual las definiciones políticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios primarían por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado”, indicaron en el comunicado publicado hoy.
Además, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicó un documento a través del cual califica al Decreto 780/2024 como una norma “inconstitucional” que “restringe los principios establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública y en el Acuerdo de Escazú”
“Las normas reglamentarias de la Ley 27.275 deben mejorar el acceso a la información: que sean más robustas y efectivas en la garantía de los derechos humanos. Por el contrario, el Decreto 780 se excede irrazonablemente en la facultad reglamentaria y vulnera radicalmente los principios que guían el acceso a la información, tales como la máxima publicidad de los actos de gobierno, la no discriminación y el libre ejercicio del derecho de acceso a la información”, indicaron desde FARN.
Entre los principales puntos cuestionados del Decreto 780 se encuentran: la ampliación discrecional de las facultades de los funcionarios públicos para determinar qué tipo de información se brinda y cuál no; la modificación ilegal del sistema de obligaciones establecido en la ley al extender las responsabilidades a quienes solicitan información; la amenaza con aplicar sanciones a quienes peticionan de manera reiterada información; el arrogar facultades judiciales a los funcionarios del poder ejecutivo para determinar qué y quiénes puedan violar el principio de buena fe; la afectación de la transparencia en los actos de gobierno, principio básico del sistema republicano.
¿Cómo afecta el Decreto 780/2024 al cuidado del ambiente?
A través del documento titulado “Un decreto inconstitucional que obstaculiza el acceso a la información pública”, disponible en su página web, FARN plantea que, para cumplir con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano y el deber de protegerlo, es necesario contar con información adecuada.
En ese sentido, desde la organización aseguran que el Decreto 780/2024, al restringir el acceso a la información pública, afecta un derecho esencial para la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones relacionados con las evaluaciones de impactos ambientales y el ordenamiento ambiental del territorio.
Y agregan: “El acceso a la información pública constituye una herramienta clave para la protección ambiental, ya que permite supervisar y controlar la gestión pública, promoviendo la transparencia en el funcionamiento del Estado”
Asimismo, el Decreto 780 recorta el alcance de las definiciones de “información pública” y “documentos” establecidas en la Ley 27.275, excluyendo a “los datos de naturaleza privada o que carezcan de un interés público comprometido” y a “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto”, respectivamente. Esto contradice al Acuerdo de Escazú, que establece que los Estados parte de este tratado regional deberán promover el acceso a la información ambiental que esté en manos de entidades privadas, y limita el acceso a información técnicas esencial vinculada a las motivaciones y finalidades de las decisiones gubernamentales.
“En numerosas ocasiones, los dictámenes preliminares resultan relevantes para el diagnóstico de cuestiones ambientales. Convertirlos en invisibles para las personas es una forma de obstaculizar la participación social y la formación de una ciudadanía robustamente informada”, aseguraron desde FARN.