Durante procedimientos realizados en las últimas jornadas, fueron detenidas nueve personas en el marco de una causa que investiga presunta asociación ilícita y fraude al Estado. La justicia provincial imputó a ex funcionarios de la gestión de Eduardo Fellner y empresarios que operaron durante los años 2014 y 2015 en obras públicas; la imputación penal es llevada adelante por la Fiscalía especializada en delitos económicos y contra la Administración Pública N° 1 a cargo de Walter Rondón.
La fiscalía solicitó detenciones y allanamientos que se produjeron ayer. Los ex funcionarios imputados en la causa son: Luis Cosentini, ex Ministro de Infraestructura; Jorge Luis Vergara, encargado del área técnica de los proyectos de obras; Nicolás Herrera Liprandi, Coordinador Contable de la cartera Ministerial; Juan Ignacio Mónaco, Jefe de Despacho y Fortunado Abdala, Asesor Técnico.
Por otro lado, los empresarios involucrados en el presunto fraude al Estado son: Rodrigo Insausti, Néstor Marino Berardi y Héctor Ángel Merlo socios y gerente la empresa INBER SRL; José Luis Huespe, Felipe Fernando Huespe y Andre Carina Huespe de la empresa constructora Servicios San José; Carlos Alberto Bizzi como socio gerente de la empresa TARUCA SRL; Guillermo Marcelo Fiad de la empresa Citrícola del Norte S.A.
La actuación fiscal indica que los mencionados habrían participado en concursos de precios en los que la operatoria importaría un direccionamiento de las obras públicas para el beneficio de los imputados.
Según el requerimiento fiscal, la empresa INBER habría obtenido obras por un monto de pesos 26.325.74,64; Servicios San José habría recibido $30.329.126; por su parte Taruca SRL recibió obras por un monto de $14.795.652,82; finalmente Citrícola del Norte habría sido adjudicataria de obras por $21.713.878.
La justicia tomó en cuenta la Resolución del Tribunal de Cuentas de la Provincia en la que se analizaron 126 expedientes y en la que advierte que las contrataciones serían irregulares, ya que en algunos casos todas las “invitaciones” a participar del concurso de precios son del mismo día en el que se habría aprobado la documentación técnica correspondiente, además, las “invitaciones”, no contendrían domicilio de las empresas invitadas ni las fechas de entrega de cada una de ellas. Esto pondría en duda la efectiva entrega de las invitaciones a los oferentes.
De éste modo, según la investigación, las empresas se dedicaban a la contratación de obra pública, presuntamente conociendo el resultado de las adjudicaciones en los concursos de precios que publicaba el Ministerio de Infraestructura de la Provincia. Las mismas, según la justicia, habrían acordado previamente el precio de las obras a adjudicarse, coordinando entre sí las propuestas de manera tal de direccionar la adjudicación pertinente.
La acusación además indica que el patrón de las contrataciones existirían maniobras sospechosas relacionadas a la cronología en las que las empresas mencionadas habrían obtenido las adjudicaciones. Lo descripto indica que habría períodos de semanas en los que sólo se habría contratado a una sola de las empresas usualmente ganadora, en varios casos una misma habría ganado entre 2 y 4 concursos en el término de 24 horas.
Cabe destacar que los ex funcionarios no sólo están imputados por presunta Asociación ilícita y fraude al Estado sino también por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.