Cada vez que un conductor argentino llena el tanque de su vehículo, enfrenta una realidad que pocos dimensionan: entre el 38% y el 45% de lo que paga no corresponde al combustible en sí, sino a una compleja red de impuestos que atraviesa los tres niveles del Estado. Así lo revela un reciente análisis que desnuda la estructura tributaria detrás del precio del surtidor, donde Nación, provincias y municipios aplican gravámenes que encarecen sustancialmente el producto final.
La carga impositiva se distribuye en múltiples capas. A nivel nacional, el Estado recauda a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos, el tributo al Dióxido de Carbono y el IVA del 21%, que por sí solo representa más del 14% del precio final. Las provincias suman Ingresos Brutos con un peso cercano al 3%, mientras que los municipios aplican tasas locales como las de Seguridad e Higiene o la llamada tasa vial. Esta superposición de gravámenes genera que una porción considerable de cada carga no se destine a producción ni comercialización, sino directamente a las arcas públicas.
El impacto de esta realidad se magnifica en un contexto inflacionario como el actual. Los impuestos no solo forman parte del precio base, sino que se actualizan periódicamente según la inflación y muchas veces se aplican de manera escalonada tras postergaciones. Las recientes subas de marzo reflejan precisamente esta dinámica, donde el componente fiscal tiene un papel protagónico. El debate que surge entonces es inevitable: cuando aumenta el combustible, cuánto responde verdaderamente al mercado energético y cuánto al peso del Estado sobre cada litro que carga el automovilista argentino.