Este miércoles, la provincia de Jujuy se sumó a la movilización nacional en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, que enfrenta un inminente veto por parte del presidente Javier Milei.
La marcha, convocada por la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) y el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), reunió a docentes, estudiantes, investigadores y miembros de la comunidad en general, quienes recorrieron las calles para visibilizar la crítica situación del financiamiento educativo en el país.
La Ley de Financiamiento Universitario establece una fórmula que garantiza recursos para la educación superior y prevé una recomposición salarial para el personal docente y no docente a partir del 1 de diciembre de 2023. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación requeriría un total aproximado de $738.595 millones, equivalentes al 0,14% del PBI.
La movilización en Jujuy fue encabezada por el rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Mario Bonillo, y la vicerrectora Liliana Bergesio, quienes instaron a la comunidad a unirse en defensa del sistema educativo.
«Es fundamental que todos comprendamos la importancia de esta ley para garantizar un futuro educativo sólido y accesible para todos», expresó Bonillo durante la marcha.
La presión sobre el gobierno se intensifica, ya que el presidente Milei había anunciado su intención de vetar la ley apenas fue sancionada el 13 de septiembre. La decisión del Poder Ejecutivo se espera que sea formalizada hoy, coincidiendo con las protestas en todo el país.
La comunidad educativa ve esta jornada como una oportunidad crucial para exigir el respaldo necesario al Congreso y asegurar los fondos requeridos para el desarrollo del sistema educativo superior en Argentina.
La participación activa de docentes, investigadores y estudiantes refleja un amplio apoyo social hacia una causa que consideran vital para el futuro educativo del país. La marcha en Jujuy es solo una muestra del compromiso colectivo por defender los derechos educativos y garantizar un financiamiento adecuado que beneficie a las generaciones venideras.