El Gobierno nacional investiga una sospecha de filtración y posible venta de información confidencial relacionada con el juicio internacional por la expropiación de YPF, que enfrenta una posible condena millonaria para Argentina. Estas filtraciones habrían salido de empleados de la Procuración del Tesoro, organismo responsable de la defensa jurídica del Estado en este litigio clave, y podrían haber comprometido la estrategia judicial contra los fondos litigantes Burford Capital y Eton Capital, beneficiarios de derechos de la familia Eskenazi.
En respuesta, la administración liderada por el Procurador Santiago Castro Videla impulsa una purga interna acompañada de despidos y una reestructuración profunda de áreas sensibles del organismo, con el objetivo de blindar jurídicamente al Estado y evitar nuevas vulneraciones. Las autoridades niegan toda negociación con los fondos litigantes y subrayan que la información filtrada era clasificada y confidencial, lo que agrava la situación.
Contextualmente, la justicia estadounidense, bajo la magistratura de Loretta Preska, reactivó la causa con un fallo que ordena la entrega por parte de Argentina del 51 % de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Capital. Este fallo adverso fue momentáneamente frenado por una suspensión administrativa dispuesta por el Gobierno, que actualmente apela la medida y ha conseguido el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos para sostener su reclamo.
La decisión de la jueza Loretta Preska es clave en el proceso judicial. En 2023 emitió la sentencia inicial que condenó al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación considerada irregular de YPF; ahora impulsa la cesión del control accionarial que sostiene el litigio. Aunque momentáneamente suspendida, la orden sigue vigente y representa un riesgo para la soberanía sobre la petrolera.
El Gobierno reafirma su postura de defensa enérgica y transparencia, denunciando que estas filtraciones no solo ponen en riesgo la posición del país en tribunales internacionales, sino que además implican una grave vulneración institucional. Por ello, junto a la purga en la Procuración, se evalúa una reforma estructural completa destinada a preservar los intereses nacionales y evitar que se repitan estos hechos comprometidos que podrían haber favorecido a los intereses externos en litigio.