El 12 de mayo se realizará la cuarta marcha federal universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El conflicto que la motiva excede el ámbito educativo: involucra a los tres poderes del Estado, dos leyes de financiamiento sancionadas por el Congreso, dos vetos presidenciales y una causa judicial que el Poder Ejecutivo decidió elevar a la Corte Suprema.
El conflicto tiene una dimensión principalmente salarial. El 90% del gasto universitario corresponde a salarios docentes y no docentes. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, con una inflación acumulada del 293,4%, los salarios del sistema universitario nacional perdieron el 33,7% de su poder adquisitivo. Esa cifra prácticamente duplica la caída registrada para el conjunto del sector público (-18,4%) y es diez veces mayor que la registrada en el sector privado formal (-3,5%), según datos del Área de Estudios Fiscales y de Políticas Públicas (AFISPOP) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-CONICET, en base a información del Ministerio de Economía, el INDEC y el Banco Central.
A modo de referencia, un docente de la categoría más alta (profesor titular de dedicación exclusiva) percibe un salario básico de $1.582.283, apenas $148.000 por encima de la Canasta Básica Total del INDEC para una familia tipo de cuatro integrantes ($1.434.464 en marzo de 2026). Los demás cargos de dedicación exclusiva oscilan entre $885.590 y ese techo.
El gasto nacional en educación superior cayó un 28,9% en términos reales entre 2023 y 2025, y el Presupuesto 2026 proyecta una caída acumulada del 41,2% respecto a 2023, según el mismo análisis del AFISPOP-IIEP. Eso llevaría la inversión en educación universitaria a alrededor del 0,42% del PBI, por debajo del 0,49% registrado en 2005 —cuando el sistema tenía la mitad de las instituciones actuales y un tercio de la matrícula—, y muy lejos del pico de 0,8% alcanzado entre 2009 y 2023.
«Este año tendríamos los mismos recursos que en 2002, para el doble de instituciones y el triple de estudiantes», señala Javier Curcio, director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigador del IIEP.
El derrotero legislativo y judicial
En septiembre de 2024, el Congreso aprobó una primera ley de financiamiento universitario. El presidente Milei la vetó en octubre. Ese mismo mes, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para rechazar el veto, por lo que la norma quedó sin efecto.
En agosto de 2025, el Congreso sancionó una segunda ley, más amplia, que establecía recomposición salarial, actualización por el Índice de Precios al Consumidor y recuperación del presupuesto de funcionamiento. El Ejecutivo la vetó nuevamente en septiembre. Esta vez, sin embargo, la oposición logró los dos tercios en ambas cámaras: Diputados primero y el Senado el 2 de octubre, lo que dejó el veto sin efecto y la ley vigente.
Pese a ello, el Poder Ejecutivo promulgó la norma pero suspendió su implementación mediante decreto, argumentando que su aplicación «genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica». En diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo lugar a una medida cautelar del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó aplicar la ley. En abril de 2026, la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó ese fallo. El Ejecutivo apeló ante la Corte Suprema y solicitó que los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se excusen por tener cargos docentes universitarios vigentes o en licencia. En forma paralela, el juez de primera instancia, Martín Cormick, decidió suspender la ejecución de la cautelar a la espera del pronunciamiento de la Corte, decisión que el CIN apeló.
Sobre el costo fiscal de la ley, Curcio estima que su aplicación equivaldría a aproximadamente 0,23 puntos del PBI, cifra comparable a la reducción de recaudación generada por la modificación del impuesto a los Bienes Personales dispuesta por el Gobierno en 2024. El Ejecutivo no se ha referido a esa comparación en sus comunicaciones oficiales.
Las posiciones en pugna
El Gobierno y las autoridades universitarias mantienen un canal institucional de diálogo, aunque con márgenes estrechos. Alejandro Álvarez, titular de la Secretaría de Políticas Universitarias, sostiene que en la UBA hubo 16 días de paro sobre 37 días de clases en lo que va del cuatrimestre, y acusa a las autoridades de esa casa de estudios de haber cerrado facultades e impedido el dictado de clases a docentes que querían ejercer. «La que viene va a ser la más política de todas las marchas», afirmó Álvarez en diálogo con TN, y advirtió que, de no recibir respuestas sobre la recuperación de días de clase y el funcionamiento de las instituciones, la ley de Presupuesto habilitaría al Gobierno a revisar las transferencias de fondos.
Desde la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti rechazó esa caracterización. «Las universidades están funcionando gracias al sacrificio de los profesores, investigadores, trabajadores y estudiantes. El Ministerio de Capital Humano debería reconocer la cantidad de clases que se están dando», señaló, y agregó que el Gobierno incumple no solo la ley de financiamiento universitario sino también el Presupuesto 2026, al no girar fondos a los hospitales universitarios en lo que va del año.
Fuente: TN (Sebastian Aulicino)