Un clima de fuerte malestar se instaló en las fuerzas de seguridad de Jujuy luego del anuncio oficial de un supuesto “consenso” sobre la pauta salarial para policías y penitenciarios. La falta de precisiones sobre el alcance del acuerdo generó críticas internas y derivó en una movilización hacia la Casa de Gobierno.
El anuncio se conoció tras una reunión entre autoridades del Gobierno provincial y representantes de personal activo y retirado de las fuerzas. Del encuentro participaron el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, el secretario de Trabajo Andrés Lazarte y el director de Trabajo Carlos Coronel, junto a algunos referentes del sector de seguridad.
Sin embargo, muchos efectivos cuestionaron tanto la legitimidad de los representantes que participaron del diálogo como la falta de detalles sobre el contenido del acuerdo. Según denunciaron, la información difundida no aclaró cómo impactaría en los salarios ni si beneficiaría a todos los integrantes de la fuerza, lo que generó temor e indignación entre los manifestantes.
Durante la protesta, que coincidió con otras movilizaciones en el centro capitalino, los manifestantes exigieron ingresar a Casa de Gobierno para conocer los términos del entendimiento y reclamaron mayor transparencia en las negociaciones.
Desde el sector que participó de la reunión, el representante Gonzalo Camino aseguró que la situación “ya está encaminada” y que se abordaron los reclamos tanto de personal activo como retirado. Además, afirmó que el Gobierno se comprometió a que no habrá represalias contra quienes participaron de las movilizaciones.
Por su parte, Orlando Subia, referente de los retirados, señaló que estaban conformes con el resultado del diálogo y sostuvo que las negociaciones continuarán para atender de manera gradual las demandas del sector.
El conflicto se produce en medio de un reclamo salarial que se arrastra desde hace semanas. La tensión aumentó luego de que trascendieran resoluciones que otorgaban incrementos salariales diferenciados —entre el 35% y el 85%— para algunos sectores de la fuerza mediante adicionales no remunerativos y no bonificables, lo que generó críticas por posibles desigualdades en la distribución de los aumentos.
La situación dejó expuesta la fractura interna dentro de la llamada “familia policial” y abrió un nuevo frente de conflicto salarial en la provincia, en un contexto de reclamos por mejoras en los ingresos y condiciones laborales.