En una audiencia en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó las denuncias sobre supuesta represión de protestas en Jujuy y en ese contexto el caso del controvertido arresto de la dirigente social Milagro Sala será seguramente protagonista. Inmediatamente después, el organismo también evaluará el impacto de los recientes cambios en la política migratoria que introdujo el gobierno de Mauricio Macri.
En defensa de Sala se expresaron Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ingenio La Esperanza y su abogado; Fernando Acosta, secretario adjunto de ATE nacional; Horacio Verbitsky del CELS y una referente de organismos de DDHH.
Por el lado del Gobierno Nacional y Provincial, Claudio Avruj, secretario de DDHH de la Nación; el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda; y el diputado jujeños Ramiro Tizón, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Jujuy.
Al momento de la alocución de la defensa de Sala, Vargas hizo referencia a procesos en su contra –particularmente en una causa que se juzgó recientemente-, con el objetivo de intentar demostrar una aparente criminalización de la protesta por parte del Gobierno de la provincia. Fernando Acosta se refirió a la situación de las organizaciones sociales y a los reclamos de los sindicatos, apuntando también hacia el Ejecutivo Provincial respecto de la falta de libertad de protesta que ejercería el mismo. Asimismo se hizo un reclamo en contra del Código Contravencional de la provincia por considerarlo represor y criminalizador de la protesta social.
Por el lado de Estado nacional y provincial, Avruj se refirió al proyecto de ley respecto a cierta regulación de la protesta con la premisa de garantizar los derechos de todos los ciudadanos.
El fiscal Mariano Miranda fue quien más se explayó. «Desde la asunción del actual gobierno está plenamente garantizado el derecho de manifestación pública, no se criminaliza la protesta”, dij y enumeró las protestas que se han realizado desde la asunción de Gerardo Morales en diciembre de 2015. Aclaró que de 1100 protestas públicas en Jujuy, únicamente se labraron contravenciones al 0,75% de las causas, que actualmente están recurridas y se encuentran bajo supervisión judicial. «La aplicación no obedece a interés incriminatorio ni de criminalización de la protesta, sino de proteger los derechos y de avanzar en contra del delito”.
Respecto al CC refirió que fue aprobado en diciembre de 2014 y que la norma que lo aprobó es la dio fecha de inicio de aplicación e inclusive al sistema de selección de jueces. «En su proceso de formación hubo debate, con participación de todos los bloques, del Colegio de Abogados, de Magistrados, etc. Importó un cambio central para la provincia. La normativa anterior facultaba al jefe de la policía a imponer penas sin derecho a defensa. Ahora hay un juez que respeta el debido proceso. La pena deja ser el arresto y pasa a ser el trabajo en favor de la comunidad, lo que supone una manifiesta defensa a los derechos de los ciudadanos”.
Y en este marco hizo referencia al acampe de más de un mes de la Red de Organizaciones Sociales (ROS), liderada por la Tupac Amaru de Milagro Sala. «Lejos de ejercer tranquilamente la protesta, ejercieron abusos. Se vio interrumpido el transporte de pasajeros, el trabajo de los comerciantes de la zona, pero principalmente mantuvieron cortada por 36 días una arteria importante de la ciudad, la más importante del transporte público de pasajeros; como así también se vio afectado un hospital público y la vida de los ciudadanos de Jujuy porque sitiaron toda la ciudad. La ROS, intermediaria entre fondos públicos y beneficiaros, trataron de no perder su poder. En el marco de la protesta se dictaron dos decretos que devolvieron la dignidad a los beneficiarios, terminando con la intermediación, y durante el acampe, el 90% de los beneficiarios regularizaron la situación y cobran sus haberes de manera normal a través de cuentas bancarias. Esas situaciones se están investigando, buscado el verdadero destino de los fondos que les era entregados a esas organizaciones”.
Tras la alocución de ambas partes, inclusive de oradores por parte de la CIDH, se pasó a un cuarto intermedio hasta las 10.30, hora local (12.30 de Argentina).